California firma siete leyes que obligan a los centros de datos a pagar las mejoras de red

California ha aprobado un paquete de siete leyes que endurece lo que se le puede exigir a un centro de datos antes de construirse y mientras funciona. El gobernador Gavin Newsom las firmó el lunes 21 de septiembre, según la nota oficial del gobierno del estado, publicada ese mismo día a las 17:35 de Madrid. La idea que recorre el texto es que quien se beneficia de un centro de datos pague lo que cuesta conectarlo, y que el municipio sepa de antemano cuánta electricidad y cuánta agua va a necesitar.

La nota lo organiza en tres frentes —electricidad, agua y uso del suelo— y enumera las siete normas con su autor y su título. No es una prohibición ni una moratoria: cambia quién informa, quién paga las obras de conexión y qué atajos administrativos dejan de estar disponibles.

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Las siete leyes, con nombre y apellidos

El gobierno de California publica la lista completa de lo firmado: cuatro normas de la Asamblea y tres del Senado.

• AB 1577, de la asambleísta Rebecca Bauer-Kahan (D-Orinda). «Data centers: reporting».
• AB 2383, del asambleísta Rick Chavez Zbur (D-Hollywood). «Electricity: data centers».
• AB 2469, de la asambleísta Diane Papan (D-San Mateo). «Data centers: water use disclosures».
• AB 2619, de la asambleísta Diane Papan (D-San Mateo). «Water resources: data center».
• SB 886, de los senadores Steve Padilla (D-San Diego) y Jerry McNerney (D-Pleasanton). «California Technology Innovation and Ratepayer Protection Act».
• SB 887, del senador Steve Padilla (D-San Diego). Sobre la ley de calidad ambiental, los proyectos de liderazgo ambiental, los centros de datos y las plantas geotérmicas.
• SB 1168, del senador Jerry McNerney (D-Pleasanton). «Data centers: Rate structures».

Los títulos van en inglés porque son los nombres oficiales de cada norma. La nota no indica fechas de entrada en vigor para ninguna de las siete.

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Electricidad: quien pide la conexión paga la obra

El bloque eléctrico es el más concreto. Según la nota, las nuevas leyes obligan a los centros de datos a «pagar su parte justa» de los costes de actualización de la red e impiden que ese gasto se traslade a los clientes de renta baja. Añade tres obligaciones: cumplir los requisitos estatales de contratación de energía, aportar nuevo suministro de energía limpia a la red y pagar cualquier coste de mejora que su conexión provoque.

A eso se suma un detalle que no está en la nota del estado y sí en la cobertura de The Verge: el paquete encarga a la comisión de servicios públicos de California crear una clasificación tarifaria nueva específica para centros de datos, coherente con el título de la SB 1168, que habla de estructuras tarifarias.

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Agua: consumo, suministro y plan de sequía

En el frente del agua la exigencia es de información previa. Los centros de datos propuestos tendrán que facilitar a los gobiernos locales y a las empresas suministradoras datos sobre su uso de agua, su suministro, su eficiencia y su planificación ante la sequía. Y, como en el caso eléctrico, la nota precisa quién paga: «cualquier mejora necesaria para suministrar agua la pagaría el centro de datos». Es lo que más cambia la conversación en un ayuntamiento: convierte una cifra estimada en un requisito de la solicitud.

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Suelo: se acaba la exención ambiental automática

El tercer bloque toca la tramitación. Las nuevas normas dejan a los centros de datos fuera de las exenciones ambientales generales y, en su lugar, les exigen demostrar —antes de poder acogerse a cualquier agilización judicial— que el proyecto no traslada costes a los consumidores y que cumple los estándares estatales de consumo de energía, agua y combustible. El atajo sigue existiendo, pero deja de ser automático: es la parte del paquete que más puede alargar un calendario de construcción.

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Qué cambia para las empresas de IA

Para una compañía que planee capacidad de cómputo en California, el paquete mueve tres cosas. El coste: las obras de refuerzo de red y de suministro de agua dejan de ser un gasto difuso del sistema y se imputan al proyecto que las provoca. El calendario: si la agilización ambiental exige demostrar cumplimiento previo, los permisos dejan de ser un trámite corto. Y la transparencia: consumo eléctrico, consumo de agua, eficiencia y planes de sequía pasan a ser documentos que el municipio y la suministradora tienen antes de decidir.

El gobernador lo resumió en la propia nota: «Con estas leyes nos aseguramos de que los californianos siguen llevando el volante, y de que quienes se lucran con los centros de datos no lo hagan a nuestra costa». Es su valoración, no contenido normativo.

Llega mientras el sector acelera la inversión en la infraestructura que sostiene a los modelos, como la fotónica de silicio para centros de datos que GlobalFoundries fabricará en Vermont. Y deja una lectura que vale fuera de California: la factura eléctrica de la inteligencia artificial ha dejado de ser un asunto interno de quien la paga. Sobre los sobresaltos de la red, explicamos en su día por qué un SAI es útil incluso en casa.

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Escrito por Eloy Andrade